Entre los años 2006 y 2008, un grupo de líderes y lideresas, junto a la Fundación Ecotono, emprendió un recorrido por el departamento del Putumayo. Su misión era clara y urgente: advertir a las comunidades, organizaciones sociales, cabildos, resguardos y autoridades locales sobre el destino que se avecinaba. La condición geoestratégica del Putumayo lo había convertido en el epicentro de una serie de megaproyectos de infraestructura, definidos en Brasilia en el año 2000 bajo la iniciativa para la integración de la Infraestructura Suramericana, conocida como IIRSA.
El panorama era ambicioso, pero profundamente perturbador. Tres ejes viales multimodales —Tumaco-Belem do Pará, Eje Andino y Marginal de la Selva— comenzaban a ejecutarse, junto con puertos fluviales, interconexiones eléctricas entre Colombia y Ecuador, y fibra óptica que cruzaba desde el Valle, Cauca y Putumayo hasta el vecino país. Además, el drenaje del río Putumayo prometía permitir la navegación de barcos de gran calado, mientras zonas francas especiales surgían a lo largo de estos corredores, expropiando territorios y restringiendo el acceso comunitario bajo el manto de la “propiedad privada”.
Todo esto, según se decía, buscaba conectar los centros de consumo con los de abastecimiento de recursos naturales: minerales metálicos como cobre, plata, oro y uranio; no metálicos como molibdeno; y riquezas invaluables como la biodiversidad, el agua y el conocimiento ancestral. Sin embargo, el costo real de estos proyectos era devastador para las culturas ancestrales y la biodiversidad del Putumayo, dañando irreparablemente la posibilidad de construir un turismo biocultural sostenible.
La resistencia no tardó en surgir. Los líderes y lideresas que alzaron su voz fueron etiquetados con desdén: ambientalistas, indigenistas, alarmistas, incendiarios, contradictores del “desarrollo”, locos, fanáticos, izquierdosos, guerrilleros. Las estrategias del poder económico para silenciarlos se desplegaron con precisión. Primero, campañas de desprestigio que los acusaban de ineptitud e incompetencia. Luego, el cierre de oportunidades laborales y económicas, tanto en instituciones como en el sector privado. Si eso no bastaba, llegaban las ofertas laborales desde las mismas filas del poder, y cuando todo fallaba, las amenazas, listas negras y desplazamientos, incluso asesinatos.
El impacto fue devastador. Problemas de salud mental, divisiones sociales y comunitarias, y el retiro de muchos líderes por protegerse a sí mismos y a sus familias. Aquellos que cedían eran integrados al sistema, apoyados con dádivas hasta cumplir su propósito, solo para ser descartados como traidores y desleales.
La complacencia y complicidad de políticos regionales, dirigentes sociales y funcionarios públicos con las multinacionales allanaron el camino para lo que hoy está ocurriendo. Muchas de las recomendaciones dadas por la sociedad civil de entonces a los mandatarios locales, como mejorar los planes de ordenamiento territorial, fueron ignoradas. Hoy, esas advertencias se han convertido en realidad, mimetizadas en la vida cotidiana y transformadas en parte del paisaje.
El costo ha sido alto: el agua, la biodiversidad, la cultura ancestral y el tejido social del Putumayo están pagando el precio. Este impacto va en contravía de economías emergentes y sostenibles como el turismo biocultural, que actualmente es una alternativa viable para preservar las riquezas naturales y culturales de la región.
Hoy, el eco de esa resistencia sigue resonando en las tierras sagradas del Putumayo, recordándonos que el verdadero florecimiento y bienestar social no puede construirse sobre la destrucción de lo que nos hace humanos.
